Casi tres años de ingresos previsionales perdidos en una década de erosión constante

En el complejo escenario económico argentino, el sector previsional exhibe las consecuencias. Un informe de Nadin Argañaraz permite desglosar la realidad detrás de las cifras nominales, revelando que -más allá de los aumentos anunciados- la capacidad de compra de los jubilados ha sufrido un deterioro estructural que impacta de manera desigual según el nivel de ingresos

Para comprender la situación actual, el autor distingue entre el haber nominal (la cifra en el recibo de sueldo) y el poder adquisitivo real. La nominalidad suele generar una ilusión de mejora -recurso de cada gobierno de turno- pero al ajustar los valores por inflación, la realidad es otra.

Por ejemplo, un jubilado que cobraba la mínima con bono en noviembre de 2023 percibía un ingreso que, traído a valores de abril de 2026, debería equivaler a $ 502.207 para mantener el mismo poder de compra. Sin embargo, el cobro efectivo fue de $450.286, lo que representa una caída real del 10,3% en ese período.

En contraste, quienes perciben haberes equivalentes a 3 mínimas vieron una recuperación del 7,8% respecto a noviembre de 2023, cobrando $1.140.859 frente a un valor real de referencia de $1.058.762. La comparación de Argañaraz lleva implícita la distinción entre los que perciben un beneficio gracias a moratorias (sin haber realizado aportes totales o parciales) y aquellos que sí lo hicieron.

La brecha de los bonos

El análisis del comportamiento del poder adquisitivo desde noviembre de 2023 muestra una divergencia crítica:

Jubilaciones sin bono (Haberes más altos): Este grupo experimentó un incremento acumulado equivalente a 1,1 haberes de noviembre de 2023 durante los últimos 29 meses. Es decir, lograron un pequeño respiro en términos de poder adquisitivo acumulado.

Jubilaciones mínimas con bono: La situación es opuesta. La dependencia de bonos que no se actualizan al mismo ritmo que la inflación ha provocado una pérdida acumulada equivalente a 1,8 ingresos mensuales de noviembre de 2023.

Esta segmentación indica que la política de bonos, si bien busca asistir a los más vulnerables, ha terminado por cristalizar una pérdida de poder de compra superior a la de aquellos que no reciben este beneficio.

Una herida de ocho años

Al ampliar la lente y observar el período comprendido entre 2017 y abril de 2026, la magnitud del perjuicio económico es significativa para las jubilaciones nacionales, de por sí más bajas que las santafesinas. En estos ocho años y cuatro meses, el sistema previsional ha operado bajo una lógica de pérdida sistemática:

Un jubilado que no percibe bono ha perdido, en total, el equivalente a 26,1 haberes de 2017. Esto significa que, en el transcurso de poco más de ocho años, dejó de percibir ingresos equivalentes a más de dos años completos de jubilación. Para quienes cobran la mínima con bono, la pérdida acumulada es de 17,3 ingresos mensuales.

Traducido a pesos de abril de 2026, el daño a una persona que cobra tres haberes mínimos supone haber resignado un total de $ 51.622.146 a lo largo del período analizado. Y un jubilado de la mínima ha sufrido un perjuicio acumulado de $ 11.383.888.

La acumulación de estas pérdidas anuales (que en 2024 llegaron a picos de -5,7 haberes para los sectores medios y -3,5 para los mínimos) ilustra un deterioro que no es solo estadístico, sino vital. Mientras el haber promedio de 2017, expresado en moneda de hoy, debería ser de $ 1.977.820 para un beneficiario de tres mínimas, el cobro real al sistema, el cobro real se sitúa en $ 1.140.859.

Esta brecha entre lo que el sistema debería pagar para mantener el estándar de vida de 2017 y lo que efectivamente paga, constituye la base del ajuste que ha recaído sobre los beneficiarios, transformando la jubilación en un ingreso que, año tras año, se aleja más de cubrir las necesidades básicas de la clase pasiva en Argentina.

La pérdida expone, en todo caso, el quebranto del sistema previsional "de reparto", en el que el derecho adquirido de los aportantes choca con las decisiones políticas de incorporar beneficiarios sin aporte y una macroeconomía que fluctúa con un alto porcentaje de ocupados que no están registrados en el sistema.

Trabajo no registrado

A mayo de 2026, el mercado laboral en Argentina se divide principalmente entre quienes trabajan en la formalidad (registrados) y quienes lo hacen de manera informal (no registrados). Basado en los últimos reportes del INDEC (Encuesta Permanente de Hogares) y la Secretaría de Trabajo (SIPA), la proyección nacional indica que en Argentina hay aproximadamente 20 millones de personas ocupadas.

Sin embargo, las estadísticas oficiales más precisas provienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que cubre los principales centros urbanos: Población Económicamente Activa (PEA), 14,6 millones de personas. Ocupados Totales (Urbanos), 13,5 millones de personas. Desocupados, aproximadamente 1,1 millón de personas (tasa de desempleo del 7,5%).

Pero de esos totales, los trabajadores que "hacen aportes" son aquellos registrados en el sistema de seguridad social. Según los datos del SIPA a febrero de 2026, el total de trabajadores registrados es de 12,88 millones.

Este grupo se desglosa de la siguiente manera:

Asalariados del sector privado: 6,20 millones.

Asalariados del sector público: 3,40 millones.

Monotributistas: 2,20 millones.

Trabajadores de casas particulares (servicio doméstico): 450 mil personas.

Autónomos: 400 mil más; y aportantes al "monotributo social": 2,5 millones.

Con sólo 12,883 millones de registrados, la tasa de informalidad a actualmente ronda el 43%. Esto significa que 4 de cada 10 asalariados no cuentan con descuento jubilatorio ni obra social, por lo que trabajan pero no hacen aportes al sistema previsional.

En resúmen, mientras que hay unos 20 millones de personas trabajando en todo el país, menos de 13 millones están dentro del sistema formal realizando aportes jubilatorios de manera directa o mediante regímenes simplificados como el monotributo, con aportes de menor cuantía.