El proyecto de reforma jubilatoria que promueve el gobierno de Maximiliano Pullaro en al provincia de Santa Fe plantea modificaciones profundas al sistema y tiene entre sus objetivos, desterrar prácticas especulativas de algunos actores que iniciaban sus trámites jubilatorios pero desistían de solicitar su cese. En la práctica, ello se traduce en agentes que tienen la jubilación concedida pero que, por conveniencia, siguen ejerciendo y cobrando como activos. La decisión del Poder Ejecutivo de "corregir" y evitar que situaciones de ese tipo se sigan produciendo tiene un destinatario directo: el Poder Judicial.

































