Ordenaron demoler "La Casona", el inmueble tomado donde funcionaba un punto de venta de drogas

La Justicia provincial ordenó este viernes la demolición de un inmueble tomado de barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, señalado como soporte funcional para la venta de estupefacientes al menudeo y foco de reiterados hechos de violencia y conflictividad urbana.

La resolución fue adoptada por el juez penal Sergio Carraro en el marco de una audiencia de “cese de estado antijurídico”, impulsada por la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación.

La vivienda en cuestión, conocida en el barrio como “La Casona”, se encuentra ubicada sobre calle Zavalla al 1700, en la esquina con Monseñor Zaspe, frente a la estación Mitre. Según se ventiló durante la audiencia, el inmueble se hallaba usurpado desde hacía más de una década y actualmente estaba vinculado a actividades de comercialización de drogas.

El pedido fue formulado por el fiscal Arturo Haidar, quien estuvo acompañado por el subdirector del área, Diego Vigo, además de representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad, Fiscalía de Estado, la Municipalidad de Santa Fe y los herederos del inmueble.

Entre los asistentes estuvieron Sebastián Montenotte, Luis César Acosta y Claudio Ponce de León -por el Ministerio de Seguridad-; Paula Landa -por Fiscalía de Estado; y los abogados Miguel Molinari y Damián Meili -por la Municipalidad de Santa Fe-, entre otros.

“Mercado de estupefacientes”

Durante su exposición, el fiscal Haidar sostuvo que la Fiscalía solicitó “el cese de estado antijurídico de La Casona, mediante su inactivación física, bajo la modalidad de derribo”.

El funcionario judicial repasó distintos antecedentes reunidos durante la investigación y afirmó que del material recolectado “surge que el inmueble ha sido soporte funcional para la comercialización de estupefacientes al menudeo”.

La pesquisa se inició formalmente a partir de una llamada anónima al 911 realizada el 13 de marzo pasado. Según relató el fiscal, una mujer denunció que dos menores de edad apodados “Chichi” y “Nego” vendían drogas para su madre, identificada como M.D., en lo que describió como un “mercado abierto de estupefacientes”.

Posteriormente, el 12 de abril, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones realizó tareas de observación directa sobre el inmueble. El informe elaborado en esa instancia consignó un “flujo constante de ingreso y egreso de personas”.

A ello se sumaron registros captados por el domo de videovigilancia ubicado en la esquina del inmueble. Las filmaciones del 17 de abril y del 9 de mayo, según expuso la Fiscalía, mostraron “maniobras de comercialización y consumo inmediato de estupefacientes” en distintos horarios, incluso con presencia de menores de edad.

Allanamiento y detenidas

Uno de los puntos centrales del planteo fiscal estuvo vinculado al allanamiento realizado el sábado 9 de mayo en el lugar. Como resultado del procedimiento, los investigadores secuestraron alrededor de 40 gramos de cocaína, 84 gramos de marihuana, teléfonos celulares y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de droga.

Tras ese operativo, tres mujeres fueron imputadas por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y quedaron en prisión preventiva el miércoles 13 de mayo.

En paralelo, la audiencia abordó la compleja situación dominial de la propiedad. El inmueble se encuentra sometido a un trámite sucesorio, aunque los herederos manifestaron haber iniciado acciones judiciales por la usurpación del predio, ocupación que se arrastraba desde hacía más de diez años.

Haidar vinculó la utilización del lugar con “personas relacionadas a economías delictivas” y mencionó los antecedentes acumulados en bases de datos oficiales, particularmente en el sistema 911.

Riesgo edilicio

Aunque la Municipalidad de Santa Fe dispuso el bloqueo de los principales accesos al inmueble, la Fiscalía sostuvo que esa medida no lograba neutralizar completamente el riesgo, tanto por posibles nuevas intrusiones como por el grave deterioro edilicio de la estructura.

En ese contexto declaró Claudio Ponce de León, asesor técnico de Logística del Ministerio de Seguridad, quien habitualmente interviene en los informes vinculados a demoliciones de inmuebles utilizados para actividades de microtráfico.

Tras leer su informe técnico, el especialista advirtió que el edificio resultaba “peligroso tanto para futuros moradores como para transeúntes”, debido a los desprendimientos de mampostería detectados en distintos sectores perimetrales.

Asimismo, sostuvo que el costo de una eventual reconstrucción o remodelación “resultaría elevadísimo” en función del deterioro estructural acumulado, por lo que recomendó “la demolición controlada”.

La propietaria del inmueble, quien asistió acompañada por sus sobrinas, manifestó su conformidad con la medida. “Es una cosa incontrolable, es preocupante sobre todo para el barrio”, expresó ante el tribunal.

Al momento de resolver, el juez Carraro coincidió con los argumentos planteados por las partes y consideró que “la medida que se está planteando es necesaria” debido al estado de riesgo que presenta el inmueble. “El derribo es lo adecuado y así lo habremos de ordenar”, afirmó el magistrado.

Finalmente, dispuso que las autoridades informen previamente la modalidad y fecha en que se concretará la demolición, a fin de incorporarlo a la investigación penal, y ordenó además que antes del derribo se verifique que no haya personas dentro del predio.