Nuestra Constitución

El 22 de agosto pasado se cumplió el trigésimo segundo aniversario de la sanción del texto de la constitución vigente, hecho ocurrido en el espacio del Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral por parte de la Convención General Constituyente.

I - La propia constitución, desde su origen ha generado polémicas. Instrumento tan necesario como malquerido: lo primero, ya que sin un marco general no se puede pensar en organización política y social; lo segundo, porque limita al gobernante.

Para nuestro primer texto no fue suficiente una batalla -al menos una demostración de fuerza en los campos de Santos Lugares- sino que se debió firmar un pacto imponiendo el compromiso y en la última sesión se debió recurrir al discurso flamígero de Juan Francisco Seguí, a instancias del propio Justo José de Urquiza, ya que hasta el salteño Facundo Zuviría tenía dudas sobre la oportunidad.

En adelante, todas las reformas fueron polémicas y hasta su texto, luego de 1860, generó debates interminables entre las huestes de los que sostienen que es el de 1853 con reformas y los que plantean que fue un proceso iniciado en esa fecha y concluido siete años más tarde, aún contra la cláusula transitoria de la imposibilidad de reformas por una década.

Ni que decir de la Carta de 1949, desde la propia ley de convocatoria sancionada con la "mayoría de los presentes", o la de 1957 con las proscripciones hacia todo aquello que huela a justicialista o peronismo.

Algunos años luego se logró un encuentro entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín en la residencia de Gaspar Campos (ocurrido el 19 de noviembre de 1972), casi un escarceo, donde se habría acordado dejar a la Constitución de 1949 entre los logros de ese tiempo y como insumo de estudiosos y nostálgicos al modo de una antigualla.

Ambos acunaron la idea de introducir reformas al viejo texto de forma de ingresar al siglo XXI con principios renovados otorgando protagonismo a los partidos políticos, institutos fundamentales que no tenían una ley que los regulara. Tal vez la única efectividad conducente de ese momento fue el dejar de lado la "reforma del 72" en días de Alejandro Agustín Lanusse.

No obstante el caudal de apoyos logrado en septiembre de 1973 (62.2%), el viejo caudillo entendió que había otras prioridades. A pesar de ello encargó a Vicente Solano Lima y Julián Licastro la redacción de algún borrador. Muy posiblemente no debieron llenar ni una cuartilla. El nivel de violencia era tal que impedía ni siquiera algún encuentro informal.

Recuperada la democracia en 1983, y con un presidente cuya prioridad fue la de consolidación del sistema, se le encargó a algunos especialistas -entre otros temas- la posibilidad de una reforma.

La premura y complejidad de la conformación de la Conadep y el Juicio a las Juntas, realizados con la oposición o abstención del justicialismo, más el desgaste de la función con una cantidad de paros nunca antes visto ni menos posteriormente, fueron horadando el poder de Raúl Alfonsín al punto de tener que pasar la banda presidencial seis meses antes.

II - El nuevo mandatario, Carlos Saúl Menem, superadas las primeras adversidades, puso proas hacia la reelección como principal objetivo y "cueste lo que cueste". El primer paso fue la concreción del "Acuerdo de Reafirmación Federal", rubricado en 1990 por el presidente, los gobernadores y el intendente de Buenos Aires.

El germen del mismo lo encontramos en los acuerdos que llevaron al Consejo para la Consolidación de la Democracia por el año 1986 y cuyos principales artífices fueron Alfonsín y Antonio Cafiero, claros referentes de los dos principales partidos. Los aportes fueron fundamentales y las bases sólidas, no obstante que la llegada de las elecciones de 1989 paralizó su avance.

El segundo tramo, mucho más concreto, fue la firma del Pacto de Olivos. Todos los "consensos de palabra" debieron escribirse con la mayor claridad y firme contundencia. Esencialmente los temas fueron:

Consolidación del sistema democrático, con una mención a los aspectos institucionales y políticos, que eran aquellos desplegados en el Consejo desde 1987; afianzamiento de la independencia de la justicia y el fortalecimiento de los órganos de control; la estructura del régimen federal para favorecer el progreso y el desarrollo económico de provincias y regiones; integración latinoamericana y continental.

Los dos primeros temas, casi una obsesión del propio Alfonsín, tuvieron un detalle de fines y objetivos a corto plazo. Los dos últimos, se los dejó abiertos. Cerrando el acuerdo, se hizo expresa referencia a los temas que debían constar en el "Núcleo de Coincidencias Básicas" en tanto que otros temas fueron librados al debate en el seno de la Convención.

La tercera etapa fue más técnica y a cargo de especialistas de ambos partidos: Héctor Masnatta y Alberto García Lema -luego Eduardo Menem- por el justicialismo, Carlos Santiago Nino y Ricardo Gil Lavedra por el radicalismo. Debían plasmar los acuerdos de diciembre de 1993, en una suerte de letra chica del Pacto de Olivos.

Así se avanzó en el Núcleo de Coincidencias Básicas -que determinaba que todas las posiciones debían votarse en conjunto y a libro cerrado, de forma que sea una garantía para el radicalismo por su condición de fuerza minoritaria- y las que se derivaban para su "libre tratamiento por la Convención Constituyente" en el marco de los fines enunciados para cada uno de ellas, que amplió las tareas de la Convención.

El abordaje del último de estos acuerdos en el Congreso de la Nación fue debatido al tratarse la Ley 24309, declarativa de la necesidad de una reforma constitucional de carácter "parcial", y su aprobación legislativa se concretó con las mayorías de los dos tercios de los miembros de ambas Cámaras, siguiendo una interpretación literal del artículo 30 de la Constitución Nacional.

Con la convocatoria y la celebración de elecciones nacionales para la elección de los constituyentes bajo el régimen de representación proporcional -realizadas en abril de 1994-, se logró la participación de todas las fuerzas políticas nacionales y provinciales.

El último paso fue la labor de la Convención Nacional Constituyente reunida en Santa Fe, en donde se realizó la convalidación de todas las reformas contenidas en el Núcleo de Coincidencias Básicas y se ampliaron los acuerdos del Pacto de Olivos al incorporar muchas otras reformas cuando se trataron la casi totalidad de los "temas habilitados".

Precisamente, la habilitación de temas para su libre tratamiento por la Convención originó normas trascendentes relativas a derechos humanos y al orden económico, social y cultural. Estas reformas fueron consideradas primero por las Comisiones de origen, luego por la Comisión Redactora y finalmente por el Plenario de la Convención.

Merece destacarse que el texto final fue aprobado y jurado por la totalidad de los convencionales constituyentes que representaron a todas las fuerzas políticas significativas de esa época y que la reforma de 1994 respondió a un programa a ejecutarse en las décadas posteriores.

III - Los temas que hacen a un proyecto de Estado, que se habían empezado a plantear en el 1986 y que ingresaron en el Acuerdo de Olivos, se resumieron en cinco ideas que fueron los fines de la reforma:

1) Consolidación y perfeccionamiento del sistema democrático; 2) Reconocimiento constitucional al rol de los partidos políticos en el proceso de construcción democrática; 3) Promoción de la integración latinoamericana (y continental), con posible delegación de poderes en órganos supranacionales; 4) Mayor reconocimiento de los derechos humanos; 4) Fortalecimiento del régimen federal.

Por su carácter de reforma parcial se mantuvieron los principios progresistas que inspiraron a nuestra Constitución histórica y por ello no se modificaron los primeros 35 artículos.

Flotaba en el ambiente un denominador común que era el superar la larga etapa de "gobiernos de facto" en alternancia con gobiernos constitucionales que tuvieron representación restringida por fraude o proscripciones electorales, en algunos casos.

La Constitución de 1994 es un proyecto político moderno que incorporó institutos de avanzada, algunos de los cuales recién comienzan a funcionar. Pero también hay un legado político: que fue posible la búsqueda y el logro del consenso, lo que la erige como el último acto de la política grande en nuestro país.

Por tres meses se dejaron de lado las diferencias -que las había y las hay- y sin balumba se pudo legar a la posteridad una Carta Magna que rige en los hechos y perdurará por muchísimos años.