La tragedia venezolana

La reciente serie de terremotos que azotaron Venezuela representa no solo una catástrofe humanitaria inmediata, sino un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad tectónica del continente americano y de las nuevas amenazas superpuestas por el cambio climático.

Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurridos en la noche del miércoles, han dejado un saldo devastador: 188 muertos confirmados hasta el momento de escribir esta nota, más de 1.520 heridos, edificios colapsados en Caracas y Estados del centro y norte del país, interrupción de servicios básicos y decenas de personas aún atrapadas bajo los escombros.

La ONU se ha movilizado coordinando equipos de rescate a través de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, con ofertas de ayuda de países como Estados Unidos, Brasil, España, México y otros.

El aeropuerto de Caracas resultó dañado, complicando las operaciones en una ventana crítica de 72 horas para salvar vidas. Esta tragedia revive la memoria de eventos sísmicos históricos en la región, donde la geología activa del Cinturón de Fuego del Pacífico y fallas continentales generan riesgos recurrentes.

Destrucción y resiliencia

Relacionar este evento con terremotos pasados ilustra patrones de destrucción y resiliencia. El terremoto de Tierra del Fuego de 1949, con magnitud de 7,8, sacudió el extremo austral de Argentina y Chile. Ocurrió el 17 de diciembre en la falla Fagnano-Magallanes, causando daños en Tolhuin, Punta Arenas y áreas circundantes.

Generó subsidencias, tsunamis locales y réplicas prolongadas, afectando infraestructuras remotas en una zona de baja densidad poblacional pero alta fragilidad ambiental. A diferencia de Venezuela, su impacto fue más geológico que urbano, pero subraya cómo las fallas transformantes en márgenes continentales pueden producir sismos de gran alcance.

En Argentina, el terremoto de San Juan (Caucete) de 1977, de magnitud 7,4, devastó la provincia. Con epicentro en la sierra de Pie de Palo, causó 65 muertes, más de 300 heridos y destrucción masiva de construcciones de adobe. Fenómenos de licuefacción del suelo generaron “volcanes de arena”, daños en redes de riego, carreteras y edificios.

Chile, por su parte, ofrece lecciones contemporáneas de mitigación. Como uno de los países más sísmicos del mundo, ha enfrentado eventos recientes como el de 2010 (Maule, 8,8), 2014 (Iquique, 8,2) y 2015 (Illapel, 8,4), entre otros de magnitud significativa.

Su experiencia ha llevado a estrictos códigos de construcción, sistemas de alerta temprana y educación pública, reduciendo notablemente la mortalidad en sismos modernos pese a la energía liberada. Los terremotos venezolanos, en contraste, revelan brechas en infraestructura y respuesta coordinada, agravadas por contextos socioeconómicos complejos.

Estos paralelismos regionales evidencian que América Latina comparte un destino tectónico común. Sin embargo, el cambio climático introduce una dimensión agravante que transforma el riesgo sísmico en una amenaza compuesta.

Eventos extremos como sequías, inundaciones y El Niño -ya mencionado en reportes de la ONU junto a los sismos venezolanos- debilitan suelos, aumentan la probabilidad de licuefacción y deslizamientos post sísmicos, y sobrecargan sistemas de respuesta.

El calentamiento global intensifica la variabilidad climática, haciendo que los desastres naturales sean cada vez más frecuentes e interconectados. En Venezuela, las lluvias asociadas a patrones climáticos alterados podrían complicar las labores de rescate y recuperación, exacerbando la crisis humanitaria.

Preparados para responder

Ante esto, resulta imperativo destacar la importancia de organismos especializados en emergencias medioambientales y múltiples. España cuenta con la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada en 2005, que integra capacidades para catástrofes naturales, tecnológicas y medioambientales: búsqueda y rescate urbano (USAR), intervención en incendios, inundaciones, contaminación y apoyo logístico rápido.

Con miles de efectivos desplegables en horas, la UME no solo responde a sismos, sino que mitiga efectos secundarios agravados por el clima, como contaminación posdesastre. Los países latinoamericanos podrían inspirarse en este modelo para fortalecer agencias nacionales y regionales, promoviendo la cooperación hemisférica.

El cambio climático se ha convertido en una nueva amenaza superpuesta, no solo amplificando impactos sísmicos sino generando una “nueva normalidad” de riesgos híbridos. Sequías prolongadas erosionan la resiliencia de comunidades, mientras tormentas intensas colapsan infraestructuras ya debilitadas.

Esto exige una visión integral: inversión en infraestructura antisísmica resiliente al clima, sistemas de alerta temprana integrados, educación ciudadana y fondos internacionales para adaptación. La respuesta de la ONU en Venezuela es un primer paso, pero debe traducirse en políticas a largo plazo.

En conclusión, los terremotos en Venezuela nos confrontan con la fragilidad tectónica histórica de la región —desde Tierra del Fuego 1949 y San Juan 1977 hasta la experiencia chilena— y con la urgencia de abordar el cambio climático como multiplicador de desastres.

Solo mediante preparación proactiva, cooperación internacional y organismos especializados podremos mitigar futuras tragedias. La solidaridad regional actual debe evolucionar hacia una arquitectura de resiliencia compartida, porque el cambio climático ya no es una amenaza futura: es el acelerador implacable de todas las catástrofes del presente.

El autor es analista internacional, docente de Ciencia Política y exdirector de investigaciones sobre Cambio Climático en el Ministerio de Defensa de la Nación.