Sturzenegger defendió la reforma que abre la puerta a empresas con IA y sin humanos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, asistió este miércoles al Senado de la Nación para defender la reforma con la que el gobierno de Javier Milei busca cambiar la arquitectura legal de las empresas argentinas y habilitar sociedades capaces de funcionar sin trabajadores humanos, operadas por algoritmos o inteligencia artificial.

Fue en la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nadia Márquez, que inició el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reemplazar la Ley General de Sociedades N° 19.550, vigente desde 1972. Sturzenegger se presentó en el Salón Illia acompañado por la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica, Paula Taddei Farfán, y por el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez.

Los tres expusieron durante más de una hora antes de las preguntas de los senadores. La reunión terminó sin dictamen. Márquez anunció un cuarto intermedio, nuevas reuniones técnicas y la posibilidad de convocar expositores. “Este proyecto tiene un norte y un camino, que es una regulación societaria más amplia, flexible y moderna”, dijo la presidenta de la comisión.

Digitalización, registros y menos control

Taddei Farfán definió al proyecto como “una de las reformas más trascendentes del derecho argentino de las últimas décadas”, argumentando que la Ley 19.550 “fue concebida para una realidad tecnológica, productiva y organizacional muy distinta” de la actual.

La funcionaria planteó que la reforma procura “adecuar el ordenamiento societario argentino a las necesidades económicas, tecnológicas e institucionales del siglo XXI”, con un criterio explícito: “fortalecer la libertad económica, facilitar la inversión, reducir costos regulatorios y adecuar nuestro sistema a los estándares internacionales más avanzados”.

Uno de los puntos centrales es la autonomía de la voluntad. Según Taddei, el proyecto busca que sean los socios quienes diseñen “libremente la estructura, el gobierno y las reglas de funcionamiento de sus organizaciones”, siempre dentro del marco legal. En su formulación política, el Estado “deja de presumir que conoce mejor que los particulares cómo deben organizarse sus negocios”.

El proyecto propone una digitalización integral del régimen societario. Constitución de sociedades con firma digital o electrónica, legajos digitales, registros públicos de consulta gratuita, resoluciones presenciales, remotas o mixtas, domicilio electrónico y publicidad por plataformas digitales. Al respecto, Ramírez sostuvo que “el registro público deja de ser un filtro burocrático y pasa a ser una infraestructura más moderna, digital y habilitante”.

El inspector general de Justicia defendió la reforma como una reconstrucción integral. Recordó que la norma vigente tiene más de 50 años y fue diseñada “en un contexto sin internet, sin economía de plataforma, sin economía del conocimiento, sin inteligencia artificial y sin acceso global a los mercados de capital”. Enfatizó que actualmente “una brecha entre el derecho escrito y la práctica real de los negocios”. También presentó datos para justificar la eliminación de tipos societarios en desuso, como la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de capital e industria. Según dijo, en los últimos diez años no se detectó en la IGJ la constitución de sociedades de capital e industria, y la sociedad colectiva se constituyó apenas “una por año”.

Las ideas de Sturzenegger

El punto de mayor tensión es la incorporación de inteligencia artificial al derecho societario. El proyecto considera sociedad automatizada a aquella que desarrolle su objeto mediante “sistemas algorítmicos autónomos o agentes de IA”, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria. Según el texto, esa sociedad responderá con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas.

Sturzenegger buscó despejar la idea de que se trata de entes sin ningún encuadre. Explicó que las sociedades automatizadas serían un subtipo de las sociedades anónimas, con las mismas obligaciones y responsabilidades, pero con una gestión operativa realizada por “programas, software, robots o lo que fuera”.

“Para un país que tiene la pretensión de liderar, es absolutamente imperativo poder incorporar estas nuevas tecnologías en nuestro derecho”, afirmó el ministro desregulador y se preguntó luego: “¿Por qué no podemos hacer que Argentina sea un lugar atractivo para la radicación de estas empresas que van a estar operando no solo en Argentina, sino en todo el mundo y van a estar pagando impuestos a las ganancias corporativas en Argentina?”, preguntó.

La otra figura que incluye son las DAO, sociedades descentralizadas autónomas operativas. En ellas, la toma de decisiones puede estar definida por protocolos informáticos, contratos inteligentes y reglas de gobernanza distribuidas. Los funcionarios aclararon que el proyecto sólo recibiría a aquellas que “acepten voluntariamente identificar a todos sus beneficiarios finales” y que no serán integradas aquellas que operen de modo anónimo.

Las objeciones opositoras

Las preguntas de la oposición se concentraron en un mismo eje: quién será el responsable cuando una sociedad operada por inteligencia artificial causa un daño, toma una decisión discriminatoria, evade controles o mueve fondos sin trazabilidad suficiente.

El senador de UxP, Martín Soria, acusó al Gobierno de buscar convertir a la Argentina en un “laboratorio de desregulación salvaje” y advirtió que el mundo avanza hacia “límites éticos, límites fiscales y límites legales” para la inteligencia artificial. “Ustedes van al revés”, dijo. También vinculó el proyecto con riesgos de lavado, negocios opacos y pérdida de responsabilidad humana.

También por parte del bloque peronista, Jorge Capitanich, formuló una crítica más técnica que su compañero de bancada. Sostuvo que una ley sobre sociedades automatizadas sólo podría ser constitucionalmente válida si preserva legalidad, razonabilidad, igualdad, defensa en juicio, tutela judicial efectiva, derecho de propiedad, reparación de daños, control fiscal, prevención de lavado, protección de consumidores, datos personales y responsabilidad patrimonial. “Sin beneficiario final identificado no hay operación válida”, planteó. Además, pidió representante legal humano, domicilio constituido en Argentina cuando opere localmente, patrimonio mínimo de garantía, seguro obligatorio en actividades de alto riesgo, auditoría técnica, contabilidad trazable, prevención de lavado, conservación de evidencia algorítmica y revisión humana significativa.

El puntano Fernando Salino también cuestionó el problema de la responsabilidad. Preguntó si en las DAO existiría un CUIT responsable frente a terceros y marcó que la reforma no se agota en la inteligencia artificial: modifica el objeto social, los tipos societarios, la reserva legal, la distribución de utilidades y aspectos fiscales, contables y penales que exigen un estudio más profundo.

Las respuestas fueron, principalmente, de Ramírez. Respecto a las sociedades automatizadas dijo que “iba a ser una SRL automatizada, una sociedad anónima automatizada y va a tener todos los mismos controles”. También indicó que el artículo referido a las DAO exige beneficiario final y que el proyecto mantiene vigentes las normas civiles, penales y de lavado de activos.

Sobre el domicilio electrónico, inspector general de Justicia rechazó que sea una vía para evadir notificaciones. Al contrario, dijo que una sociedad que declare un domicilio inexistente “se autoperjudica” porque quedaría notificada automáticamente. “Sería poco inteligente poner una sede social electrónica de la cual no voy a recibir notificaciones”, ironizó.

Por último, Sturzenegger se refirió al aspecto fiscal. Admitió que no forma parte de la modificación legal que pretende este proyecto. Pero ndejó una puerta abierta para que sea tratado más adelante, ya que al tipificar a las sociedades automatizadas, el Congreso podría más adelante otorgarles un tratamiento impositivo específico si así lo decide.